Comunicación más allá de la retórica de la democracia y la política

Las articulaciones democráticas, los modos de producción, la forma de construcción y despliegue de las políticas públicas incidirán necesariamente en las transformaciones del espacio público y las comunicaciones. Pero también estas transformaciones influirán en ellos."

Capítulo II: Una visión de desarrollo, pág. 9

La evolución de la comunicación así como la modernización de las sociedades siempre han estado estrechamente ligadas con la dinámica de la política y los intereses de las élites económicas. Esta combinación es lo que ha permitido dar origen a sistemas de organización parcializados y formas de comunicar  a partir de una masificación de los medios y un control absoluto de contenidos, garantizando a la burguesía, que por lo general comparte el poder con la aristocracia de la clase política, emitir mensajes de amplia difusión.

Desde el siglo XIX se empezó a establecer un nexo inseparable entre comunicación y política como un dúo al servicio del interés del Estado y las decisiones de política pública. Particularmente en esta última, el rol fundamental de los medios debe consistir en promover la participación ciudadana y dar a conocer de manera eficiente los temas del mayor y más amplio interés. No obstante, gran parte de la corruptela política se origina por el desconocimiento de las dinámicas en materia de políticas públicas y por ende de la lógica sobre las que estas deben funcionar ante la ley.

Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado asumió la responsabilidad de gestionar el desarrollo del conocimiento desde la esfera pública, digamos que el modelo keynesiano del Estado de bienestar se perfiló a esta concepción; sin embargo, este modelo ha experimentado una transformación sustancial durante los últimos años, debido a cambios profundos en el papel del Estado y en los intereses de los grupos económicos, lo que ha llevado a crear una brecha entre el beneficio de una sociedad y el beneficio financiero de un grupo reducido, pero poderoso: un tema de desigualdad.

Un concepto que se agrava y choca con la democracia, que debería tener una lógica política de igualdad; en este sentido, el término de desigualdad cobra mayor importancia y es necesario conocer las causas que la originan y qué tanto tiene que ver el capitalismo y la política pública.

El economista Armando Di Filippo asegura que el concepto de capitalismo se aceptó como tipo ideal de sistemas económicos imperantes tanto en las sociedades desarrolladas como en el orden internacional de posguerra. A pesar de partir de este conocimiento acumulado sobre el capitalismo, su impacto en las sociedades periféricas se examinó de manera autónoma arriesgando nociones “abiertas” como “semicapitalismo”, además de “precapitalismo” para provocar discusiones conceptuales, que animarían el debate sociológico de los años 60 y 70  y que más tarde se traducirían, por el propio Prebisch, en sus versiones sobre lo que denominó el “capitalismo periférico”.

Lo mismo aconteció, en el ámbito de la sociología política latinoamericana, con la otra gran categoría de las sociedades contemporáneas de occidente: el concepto de democracia.

También aquí a pesar del conocimiento acumulado sobre la categoría democracia, tanto el proveniente de la antigüedad clásica como de la modernidad, el impacto de las instituciones democráticas en las sociedades periféricas, debió ser reexaminado por la ELD (Escuela Latinoamericana de Desarrollo) de manera autónoma, dando lugar a modalidades específicas y a desviaciones respecto de sus tipos ideales clásicos y modernos, que son características de América Latina: (populismo, burocratismo, autoritarismo, clientelismo, personalismo, caudillismo, etc.) enérgicamente rescatadas en los trabajos fundacionales de José Medina Echavarría quien, junto con Prebisch, fue el gran artífice en la formulación de los temas y problemas tratados por ELD (Di Filippo, 2007: p.128).

En los años 70, junto con el endurecimiento de las estrategias de Estados Unidos respecto de América Latina, se produce la represión de las turbulencias sociales de dos décadas anteriores y, la instalación de dictaduras militares en toda América Latina, Chile es un ejemplo de esto. Esta coyuntura histórica genera las condiciones para el comienzo de modelos económicos abiertos, afines con una lógica de mercado y con creciente participación de los sectores privados, especialmente de las empresas transnacionales. En el caso chileno, durante la dictadura  militar, este proceso significó una reducción de las estructuras y funciones del Estado.

Para los años 80 retorna el concepto de democracia, y la consolidación de las estructuras económicas del capitalismo planteadas a escala global. Tras las distintas modalidades de la denominada guerra sucia en las que el terrorismo de Estado se enfrentó con la revolución de izquierda para "aplastarlo a sangre y fuego", se logró el restablecimiento de las instituciones de la democracia latinoamericana tal como ellas estaban registradas en las cartas constitucionales que estaban suspendidas pero no suprimidas durante el período de las dictaduras militares. 

Este periodo se le llamó la década pérdida en términos económicos por la depresión económica que propinó el golpe de gracia al proceso de desarrollo protegido heredado de la posguerra; sin embargo, los 80 también fue considerada una década ganada en el campo político, reinstalando los regímenes democráticos. A comienzos de los años 90, un escenario distinto se ofrecía a las reflexiones sobre el desarrollo.

Por otra parte, el concepto de democracia relevó aspectos como eficiencia, trasparencia y equidad, dejando en un segundo orden lo relativo a control social, interculturalidad y sustentabilidad, entre otros aspectos (S.a; s.f.) (Capítulo III. Transformación del espacio público y las comunicaciones).

Durante esta década el debate también se centró el debate en la brecha de la equidad con énfasis en las inequidades económicas. La posibilidad de superar la heterogeneidad estructural de América Latina.

En este proceso la Cepal jugó un papel en sus reflexiones de tipo económico, y social. En su documento 'La hora de la desigualdad Cepal: brechas por cerrar, caminos por abrir', propone políticas públicas muy concretas en torno a la necesidad de reducir la brecha de desigualdad más allá de las meras recomendaciones.

No solo describe la brecha de la productividad en América Latina frente a otros países del continente oriental, sino el papel del Estado en el ámbito de la productividad y hacia dónde debería estar orientando sus políticas.

Es en este sentido, la lucha contra la desigualdad se ha convertido en uno de los temas más importantes en los países de América Latina a partir de políticas públicas tendientes a reducir la brecha. Dichas políticas se fundamentan de los ciudadanos, de sus necesidades y el qué hacer de manera táctica para brindar un bienestar más equitativo.

Carlos Sojo en el texto: 'La modernización sin Estado: el destino privado de las políticas públicas', señala que toda política pública, en especial las dirigidas al desarrollo social, supone políticas de reducción de pobreza, pero no toda intervención para reducir pobreza contiene un programa de desarrollo social ni puede considerarse una política pública. De hecho, una consecuencia no deseada del énfasis en las acciones gubernamentales antipobreza en las últimas décadas es el deterioro significativo de las políticas orientadas a la generación de movilidad social intergeneracional, principalmente en el plano educativo y en lo relativo a la calidad y la cobertura de la enseñanza media.

Así pues, la política democrática, por mucho que sea un recurso usual de toda clase de retóricas, no puede ser menospreciada. Necesita de mecanismos institucionales que garanticen no solamente la formulación de leyes, sino su exigibilidad y su respeto por parte, especialmente, de agentes gubernamentales y gerentes privados. Tampoco puede ignorar la importancia de la formación democrática de demandas sociales (Sojo; 2004, p. 152).

Es por eso que la comunicación es un aspecto central de estas transformaciones, las que inundan todos los aspectos de la vida, además de las decisiones de producción, los niveles de precios y los procesos de mutación de la industria cultural, entre otros asuntos.

En Chile, y en general en América Latina, existe cierta similitud entre la jerarquización de la agenda mediática y el organigrama político. La cercanía del vinculo directo, entre los medios de comunicación y la clase política se hace evidente, no solo en el volumen de noticias diarias relacionadas con en este ámbito, sino además por detalles como la frecuencia de consulta de fuentes oficiales e incluso el lenguaje con el cual los periodistas se refieren a estos.

Lo que se denomina organigrama político, no se refiere únicamente a la división de las ramas del poder estatal en funcionarios-gobernantes de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, sino en el orden de influencia, la frecuencia y la capacidad con las que esferas como la económica, la religiosa, la académica, la seguridad nacional o el deporte, son capaces de desplazar el imaginario de relevancia de una manera tal que son capaces de opacar la intención de deliberación del público frente a temas de mayor interés o impacto en términos generales.

La acción de comunicar en medios

Podría afirmarse que la relevancia de una noticia se limita al interés de la esfera política de que se conozcan o no los hechos relevantes que en ella ocurren, y no al derecho que tiene el público de estar informado. Así las cosas, el ambiente de confianza y de popularidad generado por este tipo de actitudes no es el mejor.

Es por eso que un público con mayor cantidad de fuentes informativas es un público con una posibilidad mayor de intervenir de manera positiva en su entorno global, mediante la participación en debates y ajustes de las políticas públicas y sus potenciales efectos. En general el poder decisorio de una comunidad sigue residiendo en la calidad y en la cantidad de información a la que puede acceder para transformar su propia realidad.

La finalidad del producto comunicativo de masas tiene más la función de convencer y reafirmar (perpetuar el estado actual de las cosas), que de analizar a profundidad una situación y sus causas, decir la verdad o hablar de un tema del mayor interés para el público. El orden de relevancia de los temas que se tratan en los mensajes va directamente asociado a la agenda de compromisos e intereses particulares. Quien es dueño de un medio, interpreta el hecho, maneja la manera (el sentido) en el que debe entenderse y por ende, argumenta la actitud que se debe tomar frente a una situación semejante, lo cual da al traste con la supuesta imparcialidad que deben conservar los medios. 

Se trata de un método de dominación evidente pero cómodo que le permite al consumidor librarse de responsabilidades y culpas por el presente que vive. Un medio, especialmente los oficialistas, matizan las relaciones de poder, al musicalizar y proyectar la imagen carismática de los gobernantes, haciendo ver como humanista al peor de los tiranos, como en el caso de Hitler. La función principal de los productos culturales de consumo masivo es genera la sensación de corresponsabilidad y de coherencia cultural entre gobernantes y gobernados.

Para nadie es un secreto que la comunicación de masas hace parte del sistema educativo de un país. La comunicación de masas es la encargada de rellenar el vacío contextual que deja la escuela y su método netamente expositivo y acrítico, saturado de fechas, datos y hechos aislados. Pretender que un joven entienda la relación entre el pasado y hechos cotidianos del presente es casi pedirle que baje el cielo con las manos. Esto ocurre porque la escuela enseña pero ni explica ni educa, pero la televisión por ejemplo sí.

La principal habilidad que tuvieron los burgueses pioneros de la comunicación mediatizada a comienzos del siglo XX, fue la de resolver diplomáticamente pero de tajo la cuestión de la ambigüedad política que padecía el público de aquella época. No en vano la mayor herencia que recibió Latinoamérica de aquella escuela primeriza de comunicadores- comunicólogos, es la del oficialismo mediático. En este contexto los términos, politizar, polarizar y popularizar funcionaron y funcionan como sinónimos.

Frente a la vieja concepción meramente táctica de la democracia y puramente reproductiva de la cultura y la comunicación, democratizar nuestra sociedad significa hoy trabajar en el espesor de la trama cultural y comunicativa de la política. Pues ni la productividad de la política es separable de las batallas que se libran en el terreno simbólico, ya que es ahí donde se produce el sentido de lo social, el del reconocimiento mutuo, ni el carácter participativo de la democracia es hoy real por fuera de los modos y escenarios de la comunicación masiva (Barbero, 2002: p. 323).

Reducir los elementos ideológicos y políticos al discurso elaborado en términos sencillos, expropiando al pueblo de sus expresiones populares propias y re interpretándolas para devolvérselas a manera de propaganda a través de los medios, es una estrategia de acercamiento que difumina tanto la intención del mensaje como las diferencias sociales entre emisor y receptor. No hace mucho, en nuestro país encontrábamos un presidente disfrazado de campesino tomando tinto sobre un caballo como cualquier arriero paisa (caso colombiano), haciendo uso de las expresiones más coloquiales de su tierra natal. La mixtura que resulta sin embargo, de mezclar expresiones culturales populares con el discurso político genera la aceptación consensuada de las relaciones de poder. Genera lo que algunos sociólogas llaman “identidad”.

En conclusión, el conjunto de prácticas que efectúan los medios masivos están encaminadas a comunicar lo que conviene, a educar sin enseñar y a politizar, polarizar y popularizar en la cultura pro oficialista. La existencia de públicos críticos que llegan a convertirse en verdaderos iconoclastas hace parte de una especie en crecimiento constante, sin insinuar que alguna vez llegaran a ser una mayoría. Solo nuevas prácticas culturales darán los elementos faltantes.

Por: JPP