Las articulaciones democráticas, los modos de
producción, la forma de construcción y despliegue de las políticas públicas
incidirán necesariamente en las transformaciones del espacio público y las
comunicaciones. Pero también estas transformaciones influirán en ellos."
Capítulo II: Una visión de desarrollo, pág. 9
La evolución de la comunicación así como la modernización de
las sociedades siempre han estado estrechamente ligadas con la dinámica de la
política y los intereses de las élites económicas. Esta combinación es lo que
ha permitido dar origen a sistemas de organización parcializados y formas de
comunicar a partir de una masificación
de los medios y un control absoluto de contenidos, garantizando a la burguesía,
que por lo general comparte el poder con la aristocracia de la clase política,
emitir mensajes de amplia difusión.
Desde el siglo XIX se empezó a establecer un nexo
inseparable entre comunicación y política como un dúo al servicio del interés
del Estado y las decisiones de política pública. Particularmente en esta
última, el rol fundamental de los medios debe consistir en promover la
participación ciudadana y dar a conocer de manera eficiente los temas del mayor
y más amplio interés. No obstante, gran parte de la corruptela política se
origina por el desconocimiento de las dinámicas en materia de políticas
públicas y por ende de la lógica sobre las que estas deben funcionar ante la
ley.
Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado asumió la
responsabilidad de gestionar el desarrollo del conocimiento desde la esfera
pública, digamos que el modelo keynesiano del Estado de bienestar se perfiló a
esta concepción; sin embargo, este modelo ha experimentado una transformación
sustancial durante los últimos años, debido a cambios profundos en el papel del
Estado y en los intereses de los grupos económicos, lo que ha llevado a crear
una brecha entre el beneficio de una sociedad y el beneficio financiero de un
grupo reducido, pero poderoso: un tema de desigualdad.
Un concepto que se agrava y choca con la democracia, que
debería tener una lógica política de igualdad; en este sentido, el término de
desigualdad cobra mayor importancia y es necesario conocer las causas que la
originan y qué tanto tiene que ver el capitalismo y la política pública.
El economista Armando Di Filippo asegura que el concepto de
capitalismo se aceptó como tipo ideal de sistemas económicos imperantes tanto
en las sociedades desarrolladas como en el orden internacional de posguerra. A
pesar de partir de este conocimiento acumulado sobre el capitalismo, su impacto
en las sociedades periféricas se examinó de manera autónoma arriesgando
nociones “abiertas” como “semicapitalismo”, además de “precapitalismo” para
provocar discusiones conceptuales, que animarían el debate sociológico de los
años 60 y 70 y que más tarde se
traducirían, por el propio Prebisch, en sus versiones sobre lo que denominó el
“capitalismo periférico”.
Lo mismo aconteció, en el ámbito de la sociología política
latinoamericana, con la otra gran categoría de las sociedades contemporáneas de
occidente: el concepto de democracia.
También aquí a pesar del conocimiento acumulado sobre la
categoría democracia, tanto el proveniente de la antigüedad clásica como de la
modernidad, el impacto de las instituciones democráticas en las sociedades
periféricas, debió ser reexaminado por la ELD (Escuela Latinoamericana de
Desarrollo) de manera autónoma, dando lugar a modalidades específicas y a
desviaciones respecto de sus tipos ideales clásicos y modernos, que son
características de América Latina: (populismo, burocratismo, autoritarismo,
clientelismo, personalismo, caudillismo, etc.) enérgicamente rescatadas en los
trabajos fundacionales de José Medina Echavarría quien, junto con Prebisch, fue
el gran artífice en la formulación de los temas y problemas tratados por ELD
(Di Filippo, 2007: p.128).
En los años 70, junto con el endurecimiento de las
estrategias de Estados Unidos respecto de América Latina, se produce la
represión de las turbulencias sociales de dos décadas anteriores y, la
instalación de dictaduras militares en toda América Latina, Chile es un ejemplo
de esto. Esta coyuntura histórica genera las condiciones para el comienzo de
modelos económicos abiertos, afines con una lógica de mercado y con creciente
participación de los sectores privados, especialmente de las empresas
transnacionales. En el caso chileno, durante la dictadura militar, este proceso
significó una reducción de las estructuras y funciones del Estado.
Para los años 80 retorna el concepto de democracia, y la
consolidación de las estructuras económicas del capitalismo planteadas a escala
global. Tras las distintas modalidades de la denominada guerra sucia en las que
el terrorismo de Estado se enfrentó con la revolución de izquierda para
"aplastarlo a sangre y fuego", se logró el restablecimiento de las
instituciones de la democracia latinoamericana tal como ellas estaban
registradas en las cartas constitucionales que estaban suspendidas pero no
suprimidas durante el período de las dictaduras militares.
Este periodo se le llamó la década pérdida en términos
económicos por la depresión económica que propinó el golpe de gracia al proceso
de desarrollo protegido heredado de la posguerra; sin embargo, los 80 también
fue considerada una década ganada en el campo político, reinstalando los
regímenes democráticos. A comienzos de los años 90, un escenario distinto se
ofrecía a las reflexiones sobre el desarrollo.
Por otra parte, el concepto de democracia relevó aspectos
como eficiencia, trasparencia y equidad, dejando en un segundo orden lo
relativo a control social, interculturalidad y sustentabilidad, entre otros
aspectos (S.a; s.f.) (Capítulo III. Transformación del espacio público y las comunicaciones).
Durante esta década el debate también se centró el debate en
la brecha de la equidad con énfasis en las inequidades económicas. La
posibilidad de superar la heterogeneidad estructural de América Latina.
En este proceso la Cepal jugó un papel en sus reflexiones de
tipo económico, y social. En su documento 'La hora de la desigualdad Cepal:
brechas por cerrar, caminos por abrir', propone políticas públicas muy
concretas en torno a la necesidad de reducir la brecha de desigualdad más allá
de las meras recomendaciones.
No solo describe la brecha de la productividad en América
Latina frente a otros países del continente oriental, sino el papel del Estado
en el ámbito de la productividad y hacia dónde debería estar orientando sus
políticas.
Es en este sentido, la lucha contra la desigualdad se ha
convertido en uno de los temas más importantes en los países de América Latina
a partir de políticas públicas tendientes a reducir la brecha. Dichas políticas
se fundamentan de los ciudadanos, de sus necesidades y el qué hacer de manera
táctica para brindar un bienestar más equitativo.
Carlos Sojo en el texto: 'La modernización sin Estado: el
destino privado de las políticas públicas', señala que toda política pública,
en especial las dirigidas al desarrollo social, supone políticas de reducción
de pobreza, pero no toda intervención para reducir pobreza contiene un programa
de desarrollo social ni puede considerarse una política pública. De hecho, una
consecuencia no deseada del énfasis en las acciones gubernamentales antipobreza
en las últimas décadas es el deterioro significativo de las políticas
orientadas a la generación de movilidad social intergeneracional,
principalmente en el plano educativo y en lo relativo a la calidad y la
cobertura de la enseñanza media.
Así pues, la política
democrática, por mucho que sea un recurso usual de toda clase de retóricas, no
puede ser menospreciada. Necesita de mecanismos institucionales que garanticen
no solamente la formulación de leyes, sino su exigibilidad y su respeto por
parte, especialmente, de agentes gubernamentales y gerentes privados. Tampoco
puede ignorar la importancia de la formación democrática de demandas sociales
(Sojo; 2004, p. 152).
Es por eso que la comunicación es un aspecto central de
estas transformaciones, las que inundan todos los aspectos de la vida, además
de las decisiones de producción, los niveles de precios y los procesos de
mutación de la industria cultural, entre otros asuntos.
En Chile, y en general en América Latina, existe cierta
similitud entre la jerarquización de la agenda mediática y el organigrama
político. La cercanía del vinculo directo, entre los medios de comunicación y
la clase política se hace evidente, no solo en el volumen de noticias diarias
relacionadas con en este ámbito, sino además por detalles como la frecuencia de
consulta de fuentes oficiales e incluso el lenguaje con el cual los periodistas
se refieren a estos.
Lo que se denomina organigrama político, no se refiere
únicamente a la división de las ramas del poder estatal en
funcionarios-gobernantes de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, sino
en el orden de influencia, la frecuencia y la capacidad con las que esferas
como la económica, la religiosa, la académica, la seguridad nacional o el
deporte, son capaces de desplazar el imaginario de relevancia de una manera tal
que son capaces de opacar la intención de deliberación del público frente a
temas de mayor interés o impacto en términos generales.
La acción de comunicar en medios
Podría afirmarse que la relevancia de una noticia se limita
al interés de la esfera política de que se conozcan o no los hechos relevantes
que en ella ocurren, y no al derecho que tiene el público de estar informado.
Así las cosas, el ambiente de confianza y de popularidad generado por este tipo
de actitudes no es el mejor.
Es por eso que un público con mayor cantidad de fuentes
informativas es un público con una posibilidad mayor de intervenir de manera
positiva en su entorno global, mediante la participación en debates y ajustes
de las políticas públicas y sus potenciales efectos. En general el poder
decisorio de una comunidad sigue residiendo en la calidad y en la cantidad de
información a la que puede acceder para transformar su propia realidad.
La finalidad del producto comunicativo de masas tiene más la
función de convencer y reafirmar (perpetuar el estado actual de las cosas), que
de analizar a profundidad una situación y sus causas, decir la verdad o hablar
de un tema del mayor interés para el público. El orden de relevancia de los
temas que se tratan en los mensajes va directamente asociado a la agenda de
compromisos e intereses particulares. Quien es dueño de un medio, interpreta el
hecho, maneja la manera (el sentido) en el que debe entenderse y por ende,
argumenta la actitud que se debe tomar frente a una situación semejante, lo
cual da al traste con la supuesta imparcialidad que deben conservar los medios.
Se trata de un método de dominación evidente pero cómodo que le permite al
consumidor librarse de responsabilidades y culpas por el presente que vive. Un
medio, especialmente los oficialistas, matizan las relaciones de poder, al
musicalizar y proyectar la imagen carismática de los gobernantes, haciendo ver
como humanista al peor de los tiranos, como en el caso de Hitler. La función
principal de los productos culturales de consumo masivo es genera la sensación
de corresponsabilidad y de coherencia cultural entre gobernantes y gobernados.
Para nadie es un secreto que la comunicación de masas hace
parte del sistema educativo de un país. La comunicación de masas es la
encargada de rellenar el vacío contextual que deja la escuela y su método
netamente expositivo y acrítico, saturado de fechas, datos y hechos aislados.
Pretender que un joven entienda la relación entre el pasado y hechos cotidianos
del presente es casi pedirle que baje el cielo con las manos. Esto ocurre
porque la escuela enseña pero ni explica ni educa, pero la televisión por
ejemplo sí.
La principal habilidad que tuvieron los burgueses pioneros
de la comunicación mediatizada a comienzos del siglo XX, fue la de resolver
diplomáticamente pero de tajo la cuestión de la ambigüedad política que padecía
el público de aquella época. No en vano la mayor herencia que recibió
Latinoamérica de aquella escuela primeriza de comunicadores- comunicólogos, es
la del oficialismo mediático. En este contexto los términos, politizar,
polarizar y popularizar funcionaron y funcionan como sinónimos.
Frente a la vieja concepción meramente táctica de la
democracia y puramente reproductiva de la cultura y la comunicación,
democratizar nuestra sociedad significa hoy trabajar en el espesor de la trama
cultural y comunicativa de la política. Pues ni la productividad de la política
es separable de las batallas que se libran en el terreno simbólico, ya que es
ahí donde se produce el sentido de lo social, el del reconocimiento mutuo, ni
el carácter participativo de la democracia es hoy real por fuera de los modos y
escenarios de la comunicación masiva (Barbero, 2002: p. 323).
Reducir los elementos ideológicos y políticos al discurso
elaborado en términos sencillos, expropiando al pueblo de sus expresiones
populares propias y re interpretándolas para devolvérselas a manera de
propaganda a través de los medios, es una estrategia de acercamiento que
difumina tanto la intención del mensaje como las diferencias sociales entre
emisor y receptor. No hace mucho, en nuestro país encontrábamos un presidente
disfrazado de campesino tomando tinto sobre un caballo como cualquier arriero
paisa (caso colombiano), haciendo uso de las expresiones más coloquiales de su
tierra natal. La mixtura que resulta sin embargo, de mezclar expresiones
culturales populares con el discurso político genera la aceptación consensuada
de las relaciones de poder. Genera lo que algunos sociólogas llaman
“identidad”.
En conclusión, el conjunto de prácticas que efectúan los
medios masivos están encaminadas a comunicar lo que conviene, a educar sin
enseñar y a politizar, polarizar y popularizar en la cultura pro oficialista.
La existencia de públicos críticos que llegan a convertirse en verdaderos
iconoclastas hace parte de una especie en crecimiento constante, sin insinuar
que alguna vez llegaran a ser una mayoría. Solo nuevas prácticas culturales
darán los elementos faltantes.
Por: JPP
